En materia energética, hay noticias que cobran otro significado si se las analiza con más profundidad que en la superficie de los anuncios oficiales, ya que dejan al descubierto el creciente déficit que afecta al sector y no siempre forma parte de las proyecciones macroeconómicas.
La presidenta Cristina Kirchner acaba de inaugurar la central nuclear Atucha II, una obra demorada 15 años que -cuando opere en régimen durante la segunda mitad de 2012- aportará al sistema eléctrico nacional una capacidad instalada de 745 MW. Sin embargo, este nuevo aporte (equivalente al 4% de la oferta), se reducirá sustancialmente también el año próximo debido a que la central nuclear de Embalse (de 650 MW) saldrá de servicio durante no menos de 18 meses para extender su vida útil, que ya llegó al límite. Este proyecto, con asistencia canadiense, demandará una inversión de US$ 800 millones.
En la misma semana, YPF anunció junto con Enarsa una inversión de US$ 200 millones para construir en Bahía Blanca un muelle y planta terrestre, destinada a duplicar la regasificación de gas natural licuado (GNL) de origen importado e inyectarlo en la red troncal de gasoductos a partir de 2013. Esto significará transformar en fija y permanente una operación logística diseñada hace cuatro años a través de un buque regasificador para cubrir faltantes transitorios de gas natural en la época invernal. Desde hace cinco meses, las crecientes importaciones de GNL también llegan a otro muelle inaugurado en Escobar, mientras despegan los proyectos para instalar una planta binacional en Montevideo y otra en la provincia de Río Negro. En definitiva, el costoso GNL (que ya atiende, en promedio, al 20% de la demanda interna anual) llegó para quedarse.
Semanas atrás, el secretario de Energía, Daniel Cameron, expuso la política para el área en el Consejo Argentino de Ingenieros y los asistentes extrajeron una conclusión preocupante: tras la ampliación de Yacyretá (en 900 MW) concretada hace siete meses, ninguno de los 16 proyectos hidroeléctricos (tres de ellos, binacionales) actualmente en proceso licitatorio o en carpeta estará en condiciones de entrar en servicio dentro de los próximos cinco años. Por lo tanto, continuará a marcha forzada la construcción de centrales térmicas de diferente capacidad y eficiencia, en algún caso a cargo de las propias empresas generadoras que capitalizan así acreencias con el Estado.
Otro detalle que no pasó inadvertido para los especialistas fue que las estadísticas de reservas de petróleo y gas exhibidas por Cameron correspondían a 2009 (con horizontes de 11 y ocho años, respectivamente), y no a 2010. Es la primera vez en muchos años que los datos oficiales del año anterior no se actualizan a fin de julio del siguiente. Mientras tanto, en el primer semestre de 2011, hubo caídas del 10% en la producción de crudo (afectada por conflictos gremiales) y del 4,4% en la de gas natural.
Aunque estas noticias parecieran divorciadas entre sí, tienen un hilo conductor: en la Argentina, el 81,9% de la matriz energética depende del gas y los combustibles líquidos, que obligan a importaciones crecientes porque la producción local ya no alcanza para abastecerla. Esto incluye la generación de electricidad (que en el 57,4% depende de fuentes térmicas) y la demanda de uso residencial, industrial y de transporte. En consecuencia, cuanto más crece la actividad económica, mayores serán las necesidades de importación y la dependencia de los precios internacionales.
Para 2011, varios especialistas estiman que la balanza energética arrojará un déficit de US$ 3000
3500 millones (sin incluir exportaciones de biocombustibles), que podría ampliarse a 7000/8000 millones el año próximo, si se mantuvieran el alto crecimiento del PBI y los actuales precios. Esta última proyección equivale casi al superávit comercial total que el Gobierno prevé para 2012 y abre un interrogante extra sobre el excedente de dólares que tendrá la economía si, además, persiste la fuerte fuga de capitales de los últimos meses. Desde que el Gobierno decidió preservar el stock de reservas del Banco Central, los pagos cash de gas y combustibles importados ya se hicieron sentir sobre otros sectores, a través de las trabas de Guillermo Moreno al ingreso de productos e insumos.
SUBSIDIOS EXPLOSIVOS Y DISTORSIVOS
Este creciente déficit energético no afecta en forma directa a una gran mayoría de consumidores, especialmente del área metropolitana, ya que durante toda la era K las tarifas han permanecido congeladas y divorciadas de los costos, a costa de subsidios estatales cada vez más altos. Pero mantener el actual esquema energético insume cifras descomunales: nada menos que US$ 12.000 millones este año entre subsidios directos, compras de combustibles e importaciones de gas.
Por más que el Gobierno argumente que se trata del costo de asegurar la provisión de energía y el crecimiento del PBI, las cifras en danza generan una serie de distorsiones en cadena. Los subsidios no sólo impulsan un mayor consumo, sino que, en combinación con las importaciones, ya superan el monto anual de inversiones necesarias para que la infraestructura energética acompañe a la demanda. También presionan sobre el gasto público y la inflación, aunque simultáneamente la reprimen a través del congelamiento tarifario. Además (y excepto el efecto marginal de algunos planes puntuales, del tipo Gas Plus), el congelamiento de precios desincentiva la inversión para explorar nuevos yacimientos de hidrocarburos, pese a que la mayoría de los actuales ingresó en una fase de declinación. En el caso del gas natural, los productores locales perciben un precio promedio equivalente a la cuarta parte del costo de importar GNL o una tercera parte del gas que se compra a Bolivia. Y si bien la Argentina tiene potencial para desarrollar recursos de gas no convencional (shale gas) y aumentar sus reservas, para ello se requiere perforar más del doble de pozos de exploración e inyectar 100 veces más de agua, según estimó el especialista Jorge Ferioli en una conferencia en el Instituto General Mosconi.
A esto se suma que los subsidios también resultan socialmente inequitativos. El precio del gas licuado en garrafas es cuatro veces más alto que el del gas natural por redes, y otro tanto ocurre desde el punto de vista político-geográfico, donde se concentran indiscriminadamente en la región con mayor número de votantes. Según datos de Montamat & Asociados, la tarifa eléctrica residencial por distribuidora en el Gran Buenos Aires equivale a una quinta parte de la vigente en Santa Fe y Córdoba. Así y todo, si se los compara con valores de referencia regional e internacional, los precios internos de la Argentina equivalen al 19% en gas natural, 31% en electricidad y 61% en petróleo y derivados (en este caso, tras el descongelamiento del último año y medio).
Aunque no forme parte de la campaña electoral (pues sólo Ricardo Alfonsín propuso días atrás una política de Estado a 20 años, más conceptual que instrumental y que pasó casi inadvertida), la energía será otro de los grandes interrogantes políticos más allá del 23 de octubre.
fuente: lanacion.com.ar
